Las entidades firmantes vemos con preocupación una nueva intervención del Estado en las Cadenas agroindustriales a través de la estatización de empresas.

Los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medida elegida. Los datos productivos de nuestro país hablan por sí solos. La Argentina tiene cadenas agroindustriales eficientes y que funcionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a las exigencias de los consumidores. Proveemos alimentos de calidad a nuestra población y generamos importantes saldos exportables. Con instituciones fuertes y una producción que ha pasado en menos de 35 años de 30 a 145 millones de toneladas, somos uno de los sectores económicos más dinámicos y eficientes del país. Eso se ha logrado gracias a un proceso de inversiones privadas, aun soportando una presión fiscal creciente y en algunos casos, con excesivos controles de distintos estamentos del Estado.
La intervención Estatal tomando además el rol empresario genera incertidumbre y preocupación pues además de innecesario, implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio. Las empresas públicas tienen prioridades diferentes a las empresas privadas, no están sujetas a la necesidad de renta. En el pasado la mala experiencia de la Junta Nacional de Granos es una dolorosa prueba de ello. En el mundo los Estados han dejado de intervenir en el comercio de granos dado que es de alto riesgo comercial y financiero por lo que las empresas deben asumir esos riesgos sin generar costos a los Estados.
En medio de una crisis económica nacional muy grave consideramos que el Estado debería utilizar sus escasos recursos en otra dirección y enfocarse en generar políticas públicas fomentando las inversiones privadas en este sector, en beneficio del crecimiento de nuestras cadenas lo que sin dudas tendrá un enorme y positivo impacto en toda la economía del país.